Cárteles mexicanos arman sus flotas con camionetas rentadas en Estados Unidos
Agencias de renta tardan hasta nueve días en reportar el robo, tiempo suficiente para cruzar la frontera
Organizaciones criminales con base en México han encontrado una forma simple de conseguir camionetas y SUVs de lujo sin pagar por ellas: en lugar de robarlas, las rentan en Estados Unidos y las cruzan directo a territorio mexicano. Una investigación de Los Angeles Times calcula que miles de vehículos rentados desaparecen así cada año, con California como el principal blanco, aunque también se han documentado casos en Nueva York, Chicago y Miami.
El modus operandi combina reclutamiento por redes sociales con el uso de identidades robadas. Los cárteles buscan personas dispuestas a rentar un auto por varios días, contratar el seguro contra daños y dejar las llaves dentro del vehículo; otro operador lo recoge y lo conduce hasta la frontera. En otros casos, usan identidades falsas para rentar en línea o directamente en los mostradores de los aeropuertos.
Las preferencias del crimen organizado no son aleatorias. Los líderes de los cárteles prefieren el lujo de un Cadillac Escalade o una SUV de BMW, mientras que camionetas como la Chevrolet Suburban, la Ford Raptor, pickups de Toyota y modelos pesados de Ram se buscan por su capacidad todo terreno. Estas últimas suelen terminar convertidas en vehículos de combate: blindaje de acero grueso, soportes para armas y hasta troneras de disparo, según documentó el reportaje.
Una vez que los vehículos cruzan a México, funcionarios corruptos ayudan a tramitar placas y registros que aparentan ser legítimos, lo que complica enormemente su identificación posterior. El problema de fondo, señalan los investigadores, es la brecha entre la velocidad del robo y la lentitud de la respuesta: muchas rentadoras tardan hasta nueve días en reportar oficialmente un vehículo como robado, tiempo más que suficiente para que ya esté operando del otro lado de la frontera.
En California existe una complicación adicional: la ley prohíbe a las empresas de renta rastrear sus propios vehículos hasta que el contrato esté vencido y hayan intentado contactar al cliente. Esa limitación legal, sumada a la falta de margen de acción del gobierno una vez que el vehículo sale del país, deja a las agencias de renta prácticamente sin herramientas para recuperar sus flotas, mientras los cárteles siguen surtiendo sus garajes con camionetas de alta gama.
