Cámaras con IA rastrean matrículas en 49 estados de EE.UU. y crece la polémica
Más de 120 mil dispositivos Flock Safety operan sin orden judicial y ya generan vandalismo en 33 estados
Flock Safety, empresa de tecnología con sede en Atlanta, ha instalado más de 120 mil lectores automáticos de matrículas con inteligencia artificial en 49 de los 50 estados de Estados Unidos, en colaboración con cerca de 5 mil agencias policiales y de seguridad.
El sistema no se limita a fotografiar autos: identifica características como el color, modelo, calcomanías o daños visibles, y cruza esa información con una red nacional de cámaras para rastrear el paradero de un vehículo específico. Algunas unidades incluyen micrófonos capaces de detectar disparos u otros sonidos de alerta.

Los dispositivos se colocan en postes de carreteras, entradas de fraccionamientos, estacionamientos, universidades y negocios privados, y no solo los instalan corporaciones policiales: comunidades de vecinos y empresas también contratan el servicio directamente con Flock.
La compañía asegura que sus cámaras no usan reconocimiento facial ni graban conversaciones, pero organizaciones como la EFF y la ACLU documentan casos de uso indebido: mujeres rastreadas por agentes en 717 ocasiones sin orden judicial, personal de ICE que instaló GPS en vehículos ajenos aprovechando el sistema, y detenciones de personas inocentes por errores en la lectura de placas.

La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense protege contra registros arbitrarios sin autorización judicial, y ese es precisamente el punto que activistas y legisladores cuestionan: cualquier agente puede consultar los movimientos de un vehículo sin necesidad de una orden.
La reacción ya es visible: se han reportado actos de vandalismo contra las cámaras en 33 estados, y 50 agencias o jurisdicciones han cancelado, suspendido o rechazado contratos con Flock desde comienzos de 2026, entre ellas gobiernos estatales como el de Texas.
Falta ver si el debate deriva en una regulación federal que limite el acceso policial a estos datos sin orden judicial, o si la presión ciudadana logra frenar la expansión de una red que ya cubre la mayor parte del territorio estadounidense.


